Por Alejandro Yocca*

La historia de la provincia de Santiago Del Estero, cuya ciudad capital es la más antigua de la República Argentina, hunde sus raíces en sus ricos recursos naturales y su ubicación geográfica estratégica. Antes de la llegada de los españoles los pueblos originarios practicaban la agricultura, la ganadería y alfarería con una sofisticación que puede ser apreciada en numerosos museos provinciales, nacionales y en el Museo del hombre de París hasta donde llegaron sus exquisitas creaciones bajo el título de Civilización Chaco Santiagueña.

Estas ventajas de arranque y la cuantiosa población asentada en las márgenes de sus ríos, animó a los conquistadores europeos a fundar una cabecera de desarrollo en estas tierras y a alentar aqui producciones ganaderas y talleres textiles que abastecieron el mercado del Potosí y sus minas de plata durante los siglos XVII y XVIII.

Con la creación del virreinato del Río de la plata en 1776 la corona española reorganizó su administración colonial pero por poco tiempo debido a los sucesos revolucionarios de 1810, 1816 y las guerras por la independencia de las Provincias Unidas homónimas. Estos cambios supusieron el desplazamiento transitorio de la ciudad de Santiago del Estero como capital de jurisdicción, condición que luego sería recuperada en una cadena de acontecimientos conocidos como las luchas por la autonomía provincial.

Santiago del Estero a finales del siglo XVIII dependía de la ciudad de Salta como centro político administrativo por decisión de las autoridades virreinales, y desde 1814 de la ciudad de San Miguel de Tucuman, en este caso por determinación del Directorio Supremo, autoridad reconocida por las Provincias Unidas del río de la Plata durante las luchas por la independencia. De todos modos, y este fue un legado de la administración colonial de la monarquía española, los cabildos tenían un margen de autarquía y la muy cercana experiencia de haber experimentado la subrogación del poder político en el contexto de la prisión del rey Fernando VII durante la invasión de las fuerzas francesas revolucionarias.

Es así que ante la primera oportunidad, y siendo que el cabildo de la ciudad de Tucuman planeaba una provincia grande con Santiago del Estero adentro, la dirigencia santiagueña expresó su descontento y argumento en favor de su libertad de acción y su autodeterminación. La crisis del Directorio Supremo y del Congreso de la Independencia a mediados de 1819 así como la confianza de las autoridades locales generaron las condiciones necesarias y desencadenaron los hechos militares y políticos que condujeron a la autonomía: una lucha armada, el nombramiento de autoridades provisorias de gobierno provincial y la convocatoria de representantes de los pueblos para el debate y toma de decisiones que se plasmaron en la firma de un acta de la Autonomía el 27 de abril de 1820. No podemos dejar de mencionar que todo este proceso se completó un año después en la firma del Tratado de Paz y Hermandad con las autoridades tucumanas, uno de los pactos preexistentes de nuestra Constitución Nacional.

Sin duda, una de las condiciones que al mismo tiempo permitieron sostener una postura autónoma y por otro lado indujeron el conflicto jurisdiccional con la ciudad de Tucuman fue la solvente caja santiagueña de impuestos y el hecho de poder pertrechar con esos fondos una fuerza militar respetable en la región. Los ramos más importantes de esa caja fueron por un lado el peso por carretas y el impuesto de frutos de la tierra y por el otro los gravámenes sobre tráfico de ganado, fuentes principales de la recaudación colonial y que continuaron siéndolo durante los primeros años de la independencia.

Sin esa base de recursos y financiamiento, la lucha por la autonomía provincial difícilmente hubiese tenido éxito, lo interesante en nuestra provincia fue que la participación de los líderes de las burguesías comercial y ganadera no tuvieron por este tema un enfrentamiento desgastante como sí sucedió en otros casos. Quizás esto se debió al temprano protagonismo de Juan Francisco Borges, quien en conflictos con comerciantes tucumanos igualmente comprometidos en la guerra contra las fuerzas realistas, tuvo la mala fortuna de levantar sus reclamos en los peores momentos de la guerra contra la corona española. Esto motivó su tragica desaparicion bajo el argumento de que estaba poniendo en riesgo la resolución del problema mayor por distraer fuerzas en una lucha intestina y menos importante por el momento. Así lo entendieron las autoridades de las fuerzas criollas que ordenaron y ejecutaron su fusilamiento en el año 1817.

De esta manera, Juan Felipe Ibarra, también de gran carácter y trayectoria, quedó posicionado como el único líder quien luego de finalizada la guerra contra españa podría dirigir los intereses locales en las disputas regionales por el poder político y someter a las fuerzas tucumanas materializando el deseo de todos los sectores de la sociedad santiagueña de esos años: la declaración de la autonomía.

El origen ganadero y rural de Ibarra marcaría su estilo de conducción política una vez nombrado gobernador de la provincia. Evidentemente su conocimiento de la vida rural le hizo el mejor intérprete de las necesidades e inquietudes que la población santiagueña tenía. Y esa destreza le ayudó cuando las burguesías comerciales locales, asistidas por otras de provincias vecinas de carácter unitario se entrometieron en territorio santiagueño al comenzar las décadas de 1830 y 1840 en sendos ataques armados e institucionales que intentaron desde Córdoba y luego desde Tucuman instalar gobiernos carentes de apoyo popular. Ese apoyo del que sí pudo valerse Juan Felipe Ibarra para recuperar el gobierno y sostener una administración centrada en los intereses locales como luego lo demostraría con una gestión y legislación proteccionista de su economía y sus costumbres.

• Director de Patrimonio Cultural de la Provincia de Santiago del Estero / Licenciado en Historia y profesor adjunto en la Facultad de Humanidades de la Unse