El espacio feminista santiagueño “Matria” abrió una línea telefónica destinada a la asistencia, asesoramiento y acompañamiento telefónico gratuito a mujeres y disidencias que se encuentren en situación de violencia.

Se trata de una herramienta denominada “Línea No Estas Sola”, integrada por un equipo de acompañantes comunitarias, estudiantes y profesionales de psicología, abogacía y trabajo social que atienden todos los días.

A través del número (0385) 154.970.706, la línea que funciona en Santiago del Estero de lunes a viernes de 8 a 12 con atención psicológica y orientación legal, es un proyecto que surge desde y para los de abajo, con el objetivo de implementar también en otras regiones del norte argentino.

La iniciativa de reparación en clave feminista, creada con los pies en el barrio y de manera autogestiva por Matria, está conformada por un grupo de jóvenes militantes que día a día ponen el cuerpo en los lugares a donde el Estado no llega.

“Ante la falta de políticas en los sectores populares, nos organizamos y apostamos a nuevas herramientas”, añadieron desde el espacio en el que ofrecen “una escucha segura, respetuosa y confidencial”.

Cómo surge

En el norte argentino, los feminismos pisan fuerte y se organizan en pos de transformar una realidad olvidada por el porteñocentrismo histórico. ¿Qué se hace cuando las políticas de género son limitadas en gran parte del país?

“Cada vez que hacíamos una actividad en algún comedor barrial, se acercaba una mujer a pedir ayuda. Muchas también habían vivido situaciones de violencia previamente, y debido a la discriminación de la policía y de las instituciones para con los sectores populares, la mayoría de los casos quedaban en la nada. Esto nos llevó a replantearnos nuestra tarea y crear una herramienta accesible para quienes no tienen el mal llamado privilegio de ser escuchadas por la Justicia”, cuenta Gimena Herrera, acompañante comunitaria de la Línea.

“En los casos de violencia de género hay una multiplicidad de factores que se entrelazan, más aún en las villas y periferias. No por nada las feministas populares ponemos en debate la interseccionalidad: ¿realmente es una política interseccional poner una wiphala en un edificio, sin analizar por qué la tasa más alta de femicidios está en el norte del país?”, detallan a través de una gacetilla de prensa.

Protocolo de atención

La Línea trabaja de una manera integral y comunitaria, conjugando lo virtual con lo territorial. Cuando llega un caso, se hace el primer contacto con la operadora, quien escucha y permite a la persona hablar sin presiones, promoviendo un clima de calidad y confianza y nunca emitiendo críticas o consejos, ya que la aproximación siempre debe ser desde el respeto por la autonomía y despojándose de juicios personales.

Tampoco en ninguna circunstancia nos referimos a la persona agredida como “víctima” sino como una mujer o LGBTI+ en contexto o situación de violencia. Esta denominación permite que no se fije un rol determinado y abre a la posibilidad de transformación.

Antes de la intervención priorizamos tener todos los datos necesarios, por lo que se hacen preguntas estrictamente relevantes en caso de que la persona no las haya respondido en su relato.

Luego del primer contacto, la acompañante designada clasifica el caso según la valoración del riesgo teniendo en cuenta varios factores como vulnerabilidad socioeconómica y emocional, antecedentes del agresor, dependencia económica, entre muchos otros. La valoración del riesgo permite definir el tipo de intervención con el que se va a proceder, entendiendo que cada caso es diferente y merece una atención particular. En casos de emergencia se articula directamente con la policía local priorizando siempre el resguardo de quien necesita ayuda.

Las acompañantes están obligadas a cumplir con una serie de consideraciones y principios acordados a la hora de intervenir, como el de la no revictimización: cada vez que se tiene conocimiento de un caso, se debe orientar a la mujer frente a vías de acción que probablemente requerirán múltiples declaraciones e insumos de recursos temporales, económicos y emocionales. Por este motivo, se busca minimizar los daños del proceso. No se puede someter a la persona en situación de violencia a consultas innecesarias y declaraciones reiteradas. Evitar la revictimización es un proceso que demanda compromiso y formación.

A su vez, es nuestro deber ético y legal generar un entorno de confianza que le permita a la persona afectada sentirse habilitada para rechazar la intervención, en caso de que no esté dispuesta a afrontar el proceso. Se actúa con suma cautela y respeto por la decisión de la misma, informando que no se procederá sin su aprobación. Tampoco se intentará un nuevo contacto si ella no lo desea, aunque se dejará en claro que el recurso de acompañamiento y la orientación siempre estarán disponibles. También debe ser garantizada la confidencialidad de parte de quienes toman conocimiento de las situaciones de violencia, (no compartirla con personas cercanas o colegas que no tienen relación con el equipo de atención). Los informes son adecuadamente archivados y custodiados. Asimismo, debe informarse sobre los límites de la confidencialidad, por ejemplo: en el caso de que se encuentre en riesgo la vida o la integridad o ante requerimientos específicos de autoridades judiciales.