La investigación publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación generó fuerte repercusión al revelar que el Gobierno nacional recaudó más de $1,5 billones destinados por ley a obras viales, pero ejecutó apenas una cuarta parte de esos recursos y mantuvo más de $1 billón colocado en instrumentos financieros, entre plazos fijos y títulos públicos. Según el trabajo periodístico, los fondos provenían del Sistema Vial Integrado (SisVial), que se financia con una porción del impuesto a los combustibles y tiene como destino específico la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de rutas.

Pero la investigación tuvo además una derivación local. Durante su participación en el programa “De acá en más”, que conduce María O’Donnell por Urbana Play, Alconada Mon eligió el caso de Santiago del Estero para explicar cómo impacta esta política sobre obras concretas en el interior del país.

“Hay una ruta ahora, la que conecta entre Santiago Capital y Las Termas de Río Hondo. Esa es una autovía que habían acordado 50 y 50. La parte de la provincia ya se hizo, la parte de la Nación no”, afirmó el periodista al describir uno de los ejemplos que encontró durante su investigación.

Según explicó, ese tipo de situaciones se repiten en distintos puntos del país: provincias que cumplieron con sus compromisos de financiamiento mientras la Nación ralentizó o directamente dejó de ejecutar las inversiones comprometidas para infraestructura vial.

“Puse la plata como un gil y la ruta no se hizo”, resumió Alconada Mon, al describir la sensación de los gobiernos provinciales que aportaron recursos propios para proyectos que dependían también de fondos nacionales.

FONDOS PARA RUTAS, PERO INVERTIDOS EN ACTIVOS FINANCIEROS

La investigación sostiene que, mientras las obras viales registraban escasos niveles de ejecución, los recursos acumulados por el SisVial fueron colocados en instrumentos financieros administrados por el Estado nacional. Entre ellos figuraron plazos fijos, letras y títulos públicos.

Según la reconstrucción realizada por La Nación, al cierre de mayo el fondo mantenía más de un billón de pesos invertidos en activos financieros en lugar de destinarse a las obras para las cuales fue creado.

El dato adquiere relevancia porque esos recursos provienen de una asignación específica vinculada al impuesto a los combustibles, cuya finalidad legal es sostener la red vial nacional. De acuerdo con la investigación, durante dos años y medio se recaudaron más de $1,5 billones, pero sólo una parte menor fue utilizada para obras y mantenimiento de rutas.

EL CASO SANTIAGUEÑO

La referencia de Alconada Mon apunta a la autovía sobre la Ruta Nacional 9 entre la ciudad de Santiago del Estero y Las Termas de Río Hondo, una de las obras de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en la provincia. El proyecto fue concebido para mejorar la seguridad vial, fortalecer la conectividad regional y potenciar el desarrollo turístico y productivo del corredor que une la capital provincial con el principal destino turístico santiagueño.

Sin profundizar en la situación contractual de la obra, el periodista utilizó el caso como ejemplo de una problemática más amplia: la diferencia entre los recursos que la Nación recauda para infraestructura vial y el nivel de ejecución efectivo de esos fondos.

La mención no pasó inadvertida porque pone a Santiago del Estero en el centro de un debate nacional sobre el destino de recursos públicos que, según la investigación, fueron cobrados para financiar rutas, pero terminaron mayoritariamente inmovilizados en inversiones financieras mientras numerosas obras continúan esperando financiamiento.