Por Gustavo Caro*

En diciembre del 2017, el poder ejecutivo nacional presentó en el Congreso un paquete de leyes para su tratamiento express. En él se incluía la ley 27.432, cuyo artículo 4˚ marca la caducidad de los fondos de financiamiento público al sector del cine (INCAA), el teatro (INT) y la música (INAMU), afectando también las asignaciones a las Bibliotecas Populares (CONABIP), el Sistema Nacional de Medios Públicos, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual. La medida entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2022 y pone en riesgo toda la producción cultural argentina. La gravedad del asunto es evidente y el tratamiento de una solución es urgente. 

Para evitar el apagón cultural, en el Congreso de la Nación existe un proyecto de ley que aplaza el problema por cincuenta años: propone extender la vigencia de dichos fondos al 31 de diciembre de 2072. El mismo lleva por título Fondos con asignación específica para las industrias e instituciones culturales – Extensión de su vigencia y cuenta ya con estado parlamentario. Es decir, su tratamiento en cámara sólo depende de la voluntad política de los diferentes bloques legislativos. Su urgente tratamiento y sanción es lo que todo el arco cultural argentino reclama en el marco de la lucha que viene llevando desde hace más de un año.

La manifestación realizada por el sector audiovisual frente a la sede del INCAA el pasado 12 de abril, que terminó en represión policial y con el despido de Luis Puenzo al frente del organismo, aceleró los tiempos de espera para afrontar esta situación: el ministro de cultura, Tristán Bauer, se presentó ese día en Lima 319 y se comprometió ante les trabajadores a tomar cartas en el asunto. La caducidad de los fondos con asignación específica dejaban de ser indiferentes al gobierno. Por otra parte, distintos sectores de la cultura intensificaron su demanda y aprovecharon el interés mediático para expresar sus voces y visibilizar el problema de la caducidad, que hasta aquí estuvo ausente en plataformas, radios y pantallas de los medios más influyentes en la opinión pública.       

En respaldo al proyecto de extensión por cincuenta años de la vigencia de los fondos de fomento, impulsado por el diputado Juan Pablo Carro, desde el espacio multisectorial Unidxs por la Cultura anunciaron un festival para el próximo 28 de abril, a realizarse frente a la sede del Congreso de la Nación. El mismo contará con la participación de artistas de todo el país y buscará concientizar a la ciudadanía como así también sumar apoyo legislativo al mencionado proyecto.

Organización transversal y de carácter federal, Unidxs por la Cultura reclama por una resolución legislativa urgente para evitar la catástrofe cultural y económica que provocaría la caducidad de estos fondos. Al contar con estado parlamentario, el proyecto de Carro se muestra hoy como la mejor herramienta para cumplir con el objetivo; alentar nuevas alternativas será desperdiciar tiempo en una peligrosa dilación para sellar una solución.

En varios puntos del país, el eco de este reclamo empieza a tomar cuerpo y se planifican acciones en diferentes provincias. En Catamarca se convocó a una reunión multisectorial para este fin de semana en la Casa de la Cultura; en Tucumán, el pasado lunes se realizó la primera asamblea abierta dónde se consensuó acompañar en territorio la actividad del 28 de abril y un plan de acción para proyectar lo que sigue; en Santiago del Estero, en ocasión del día nacional de la danza, el 29 de abril, la asociación civil Astradanza convocará una conferencia de prensa para manifestarse por la situación. “Nada que celebrar” será el lema de la jornada. Además, la tarea en las provincias es concientizar a sus legisladores nacionales sobre el tratamiento urgente de este tema.

La sentencia a muerte que el macrismo había decretado para la producción cultural en 2017, empieza a encontrar resistencia y salidas legislativas concretas. El silencio que hasta aquí había imperado sobre el problema, con los medios corporativos operando a favor del desfinanciamiento público para el cine y los contenidos audiovisuales -principalmente-, y la indiferencia que la clase política ha mostrado por resolverlo, se convirtió en una lucha cuyo eco no deja de amplificarse a lo largo del país. La unidad que les trabajadores de la cultura y la producción artística hemos generado para enfrentar esta sentencia no tiene precedentes. Los resultados empiezan a verse aunque resta mucho por hacer.

La producción cultural en Argentina no se regula ni se orienta por el éxito comercial, su naturaleza es parte esencial de la identidad cultural, del carácter social y de las expresiones artísticas de nuestra sociedad. Su preservación no puede quedar en manos privadas, es un asunto de interés público. Nuestro reclamo es que funcionarios y legisladores trabajen para que el estado cumpla con su rol de garante del fomento público, haciendo cumplir leyes que nadie parece estar leyendo ni consultando.      

Por una cultura argentina diversa, federal e inclusiva, exigimos el tratamiento URGENTE del proyecto de ley que extiende la vigencia de los fondos de asignación específica a nuestro sector.



* Docente – Director de Cine.