Con el objetivo de preservar el equilibrio fiscal y financiero de la Provincia en un escenario económico restrictivo, el gobernador Elías Suárez, firmó un decreto que establece un amplio paquete de medidas de control, contención y racionalización del gasto público.

El decreto tiene vigencia desde del 10 de diciembre de 2025 por un plazo de 12 meses, con la posibilidad de ser prorrogado por igual período o dejado sin efecto total o parcialmente si se superan las causas que motivaron su implementación.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo provincial advierte que durante el año 2025 las provincias argentinas han experimentado una caída significativa y persistente en los recursos provenientes de la coparticipación, situación que impacta directamente en la sostenibilidad de las finanzas públicas. A ello se suma, según se detalla, el actual contexto macroeconómico y las políticas económicas nacionales, que afectan la actividad productiva y la capacidad real de financiamiento de las jurisdicciones provinciales.

En ese marco, el Gobierno provincial definió como línea prioritaria la preservación del equilibrio fiscal mediante el fortalecimiento de los mecanismos de control, programación y evaluación del gasto. El decreto establece pautas obligatorias de austeridad y eficiencia que alcanzan a la administración pública centralizada y descentralizada, organismos autárquicos, empresas y sociedades del Estado, con el fin de garantizar previsibilidad en la gestión y calidad en la prestación de los servicios públicos

Entre los puntos más relevantes, se dispone la prohibición de nuevas contrataciones de recursos humanos, cualquiera sea su modalidad u origen de financiamiento, incluyendo programas con fondos nacionales o internacionales, y se restringe la cobertura de vacantes y designaciones, con excepción de cargos políticos específicos. También se prohíbe el otorgamiento de nuevas horas extras, bonificaciones o incentivos, cuya eventual renovación quedará centralizada en las máximas autoridades del Ejecutivo.

Asimismo, el decreto establece la prohibición de alquileres de vehículos y maquinarias, la restricción de convenios que impliquen erogaciones para el Estado provincial, la centralización y reducción de viáticos priorizando reuniones virtuales, y límites estrictos a los gastos en promoción, propaganda y difusión oficial. En la misma línea, se fija un control más riguroso sobre los fondos permanentes, subsidios, transferencias discrecionales y el uso de partidas presupuestarias especiales

En materia de obra pública, el decreto dispone que la contratación de nuevas obras y la continuidad de aquellas que aún no cuenten con adjudicación o contrato firmado serán evaluadas por el Poder Ejecutivo, garantizando únicamente aquellas vinculadas a servicios esenciales como educación, salud, agua y seguridad, o las que resulten prioritarias.

La norma también pone el acento en la responsabilidad directa de los funcionarios, asignando al jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados la obligación de cumplir y hacer cumplir las disposiciones, bajo apercibimiento de incurrir en falta grave y la eventual instrucción de sumarios administrativos.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas medidas buscan asegurar una administración responsable de los recursos, priorizando el impacto social y la continuidad de los servicios esenciales para todos los santiagueños.