Esta tarde, en la Casa de Gobierno, se llevó a cabo una reunión de gabinete en la que se abordó la situación generada por la falta de envío de fondos por parte del gobierno nacional a las provincias. En el encuentro, se analizaron los pasos a seguir frente a la ausencia de subsidios destinados al transporte público de pasajeros y a los fondos educativos, como el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la hora extendida, entre otros.
La decisión unilateral de eliminar estos recursos, perjudicando a las provincias argentinas, fue comunicada a través de voceros oficiales. En respuesta a esta situación, se informó desde la Casa de Gobierno que la reunión contó con la participación de la Fiscalía de Estado. Se tomaron instrucciones, en línea con otras provincias, para recurrir a la vía judicial ante estas decisiones arbitrarias, que ya están teniendo un impacto directo en numerosos ciudadanos.
Si bien todas estas medidas son anunciadas como quita de recursos a las provincias, queda claro que no son los gobiernos provinciales los afectados, son los docentes que dejan de percibir esos montos, son los usuarios del transporte público de pasajeros, son los trabajadores y estudiantes a lo largo y ancho del país, ya que, por ejemplo, en el caso de la eliminación del subsidio al transporte, significa un fuerte incremento en el precio del boleto en todas las ciudades del interior, y además, en estos casos como en otros, el gobierno nacional no venía cumpliendo desde que asumió, con la ley de presupuesto vigente, y hay incertidumbre incluso sobre los fondos nacionales para: comedores escolares, alimentos para celiacos, el fondo de conectividad y material didáctico para el alumnado, las obras públicas en ejecución, los distintos programas de salud, como ser la entrega de medicamentos para tratamientos especiales como los oncológicos, los de HIV, los de recién nacidos con enfermedades genéticas y otros medicamentos llamados catastróficos que por ley, la Nación debe comprarlos y entregar directamente a los beneficiarios, como también el programa REMEDIAR.
Estos incumplimientos nacionales, entre otras muchas más cuestiones, se están usando como variable de ajuste, sin tener en cuenta leyes y convenios vigentes y son medidas de ajuste que no van contra la casta política y empresarial -como se quería hacer creer en un principio- ya que esa casta es la que hoy integra el gobierno nacional. Son medidas contra los sectores más vulnerables de la sociedad.