CAPITAL, Capital.- El director del Instituto de Estudios de Derecho Contable de la Facultad de Humanidades de la Unse, Luis Alberto Miguel, realizó un análisis sobre la investigación en la que filtraron más de 11 millones y medio de documentos, registros, contratos, memorandos y correos electrónicos, sobre 40 años de actividad “offshore”.
La investigación, que fue bautizada como “Panamá Papers”, ha alcanzando ribetes de escándalo mundial por el gran número de personalidades relevantes, entre los que se encuentra incluido el presidente Mauricio Macri, que aparecen vinculadas al despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, dedicado a la creación de empresas en paraísos fiscales.
En diálogo con Radio Universidad, Miguel se refirió a la investigación para entender mejor el tema y habló de la constitución de las sociedades, la legislación argentina, el problema de la transparencia y las implicancias políticas del tema. Aquí algunas de las definiciones principales.

Miguel realizó un análisis sobre la investigación en la que filtraron más de 11 millones y medio de documentos.

 

Sobre la formación de las sociedades offshore: “Las sociedades de cualquier tipo son sujeto de derecho, son personas jurídicas. Una de las variantes la sociedad puede constituirse en otro país que no sea Argentina, para operar en nuestro país (…) En algunas sociedades vamos a encontrar el contrato, los socios, los domicilios, pero en su lugar no tienen activos. ¿Y donde están los activos? En los distintos países y lugares donde operan estas sociedades. Dentro de esta tenemos los paraísos fiscales. No obstante no tener activos, permiten y reciben la inversión en sus propios países”.

Los beneficios: “Una empresa va a un paraíso fiscal porque ofrece el anonimato y la enorme posibilidad de la evasión, en cuanto a las declaraciones juradas de la procedencia de los fondos y a la posibilidad de no tener que declarar a posteriori esos fondos, y por lo tanto no serían actividades gravadas para nuestro país y para la Afip”.

Lo legal y lo ilegal: “Si cualquiera de nosotros invirtiese sus dineros en una offshore o un paraíso fiscal y lo declarse en la Afip tal como está invirtiendo, no habría problema. Porque es una más de las formas de inversión que ofrece el paraguas de la ley. Aquí el problema es la no declaración y el anonimato de las acciones”.

Las facilidades: “Las acciones aquí en la Argentina son nominativas. Quiere decir que siempre están a nombre de una persona, y deben inscribirse a nombre de una persona. Es decir que no son tan anónimas. Cada vez que se van a transferir o pasar de mano en mano, tienen que inscribirse. Usted en la offshore puede tener acciones y nadie lo puede saber, porque se maneja por títulos que se trasfieren de mano en mano. Son al portador. Y esto les permite una rápida operación a quienes poseen fondos”.

El impacto político: “Aquí hay dos cuestiones que se mezclan. Por un lado el presidente Mauricio Macri, a pesar de venir de dos gobiernos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una persona que viene de las empresas. Parte de la opinión pública lo puede ver como normal. Pero si desde su gobierno está impulsando la idea de la transparencia, no es saludable que tenga empresas offshore porque al tener inversiones en empresas offshore lo que está atentando es contra la transparencia de su declaración. Quien invierte en la offshore es porque no quiere transparentarlo. De otro modo, debería invertir en una sociedad regularmente constituida. Ahí está el punto. Y esto es lo que irrita a la opinión pública. Que en medio de investigaciones, fondos oscuros, procesamientos recientes, salte a la luz que quien pretende predicar con el ejemplo está siendo cuestionado por la transparencia”.
Fuente: Radio Universidad – www.radiouniversidad.unse.edu.ar