La provincia de Santiago del Estero participó del XXIV Consejo Federal de Derechos Humanos desarrollado en Tucumán, oportunidad en la que se emitió un documento firmado por organismos de todo el país en el que se expresa “preocupación por la concesión de arrestos domiciliarios a represores”.
En el documento firmado por los representantes de once provincias que participaron del encuentro, expresaron sus preocupaciones por “la concesión sistemática, por parte de la Justicia, de arrestos domiciliarios a represores; fallos judiciales que niegan la calificación de Crímenes de Lesa Humanidad a asesinatos perpetrados por las Fuerzas Armadas en el marco del plan sistemático de exterminio; participación en desfiles oficiales de represores y referentes de levantamientos contra las instituciones democráticas; así como también la cesión de facultades propias de las autoridades políticas al Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”.
Además se hizo extensivo al “aumento salvaje de las tarifas, que atenta contra derechos básicos de amplios sectores de nuestro pueblo; afirmaciones insistentes de instrumentar una flexibilización laboral; insinuaciones de aumentar la edad jubilatoria de mujeres y varones; la continuidad de la prisión de dirigentes sociales como Milagro Sala, compañeros y compañeras; la continuidad sostenida de suspensiones y despidos de trabajadores y trabajadoras”.
Otros de los temas en que hizo hincapié el documento fueron “los precios descontrolados e inalcanzables de productos básicos de la canasta familiar; el uso de la base de datos del Anses por otros organismos, violando normas de protección de datos personales; la represión en algunas jurisdicciones, de manifestaciones públicas, como lo sucedido con trabajadores y trabajadoras del Ingenio Ledesma; la promoción en Tecnópolis de estereotipos banales y cosificadores de la mujer”, así como también “reconocer como derechos fundamentales el agua, la electricidad y el gas, que no pueden ser una mercancía subordinada a las leyes del mercado”, entre otros.