En concordancia con las movilizaciones “Ni Una Menos” contra la violencia machista desarrolladas en todo el país, en la sesión de este martes 4 de junio de la Cámara de Diputados de la Provincia, ingresará un proyecto que promueve la adhesión a la “Ley Micaela” en Santiago del Estero, iniciativa que tiene como propósito formar a los agentes de los distintos niveles y organismos del Estado.

El proyecto de ley tiene como objetivo erradicar estereotipos que reproducen la discriminación, así como también aquellas prácticas, ideas y culturas institucionales que obstaculizan el pleno ejercicio de derechos de las mujeres.

Como se recordará, el Congreso de la Nación sancionó en diciembre de 2018 la “Ley Micaela”, denominación política que lleva la ley nacional “N° 27.499”, que establece que los funcionarios que se desempeñen en los tres poderes del Estado deben capacitarse en materia de género y violencia hacia las mujeres.

El proyecto fue presentada por la diputada Georgina Sosa, del bloque del Frente Cívico, prevé la creación de un “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”.

La legisladora detalló que “la iniciativa surgió tras hacernos eco del pedido de las organizaciones de mujeres, Ni Una Menos, Movimiento Evita y demas organizaciones sociales y políticas con las que trabajamos y luchamos por prevenir y erradicar la violencia de género en todos los ambitos”.

En ese sentido consideró que “no se trata de una solución, pero sí un avance, y es necesario para que en los tres poderes del Estado Provincial los funcionarios sean capacitados de manera obligatoria en género y violencia contra la mujer e identidades no heterónomas”.

Cabe señalar que la ley lleva el nombre de Micaela García, una militante del Movimiento Evita que en 2017 fue víctima de un femicidio que, una vez más, puso en la agenda de los medios la problemática de la violencia de género.

Al ser nacional, la normativa debe ser reglamentada por las provincias. En ese marco, el proyecto de ley propone a la Dirección de Género como autoridad de aplicación, al tiempo que se invita a los municipios de todo el territorio provincial a sumarse a la adhesión.