Por Marcela Arce*

Adolfo Uriona, ex obispo de Añatuya, a través de un decreto, admitió la culpabilidad del sacerdote Carlos Dorado en relación a los abusos sexuales contra dos adolescentes de Bandera. El actual obispo José Melitón Chávez reconoce los hechos y declara que está haciendo cumplir las “penas” correspondientes, que no son otras que un retiro espiritual y una adecuada terapia psicológica. El testimonio de las víctimas. El rol de la justicia. El silencio que esconde la impunidad.

“Spotlight”, se llamó el film ganador del premio Oscar en 2016. Traducida como “En primera plana”, la película cuenta la investigación que un equipo del diario The Boston Globe hizo sobre casos de curas abusadores en los Estados Unidos. Al final, aparece un largo listado de causas internacionales que denuncian las atrocidades cometidas por los sacerdotes. En la película aparecen siete causas de Argentina que involucran a Julio César Grassi, Justo José Ilarraz, Rubén Pardo, Mario Napoleón Sasso, Héctor Pared, Alessandro De Rossiy Fernando Enrique Picciochi.

A través de las pantallas quedaba más que claro que la Iglesia, como institución, no sólo había protegido a los sacerdotes involucrados sino que también había ocultado la mayoría de los casos. Fue el comienzo de un inmenso debate sobre los curas pedófilos, pero la realidad va mucho más allá. Apunta a hechos concretos, verdaderos. De hombres que un día juraron honrar el nombre de Dios y terminaron cometiendo no sólo terribles pecados, sino los más aberrantes delitos, encubiertos por el poder que infunden sus investiduras.

Mientras las atrocidades cometidas en el Instituto Próvolo en Mendoza derivaron en las condenas a 42 y 45 años de los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, por violar y corromper a niños sordos, resurge con más fuerza un extenso informe de las periodistas de Télam, Lucia Toninello y Mariana García, quienes publicaron, a principios de mayo de 2017, un listado de 59 sacerdotes y 3 monjas involucrados en casos de abuso sexual por parte de integrantes de la Iglesia.

El listado incluye no sólo a Monseñor Adolfo Uriona, quien fue denunciado por una joven, en 2006, acusándolo de haberla manoseado mientras viajaban juntos en un micro. En ese momento, era obispo de la Diócesis de Añatuya. Fue demorado por la policía, y finalmente sobreseído judicialmente. Desde 2014 es obispo de Río Cuarto, nombrado por el Papa Francisco.

Pero la inclusión de Uriona, en el puesto 54 de la lista, no es la única en la lista. En el escalón anterior, en el puesto 53, aparece el nombre de otro sacerdote local. “Carlos Alberto Dorado, Santiago del Estero. Acusado por abuso, no fue investigado”, dice textualmente el informe.

La revista La Columna se hizo eco de estas investigaciones y realizó la suya propia. Así fue que en la edición del 18 de mayo de 2017, bajo el título “Pecados sexuales”, investigó quién era este sacerdote, y cuáles eran las investigaciones en su contra.

¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Cuándo? ¿De qué parroquia es sacerdote?, fueron los primeros cuestionamientos. En la Diócesis de Santiago del Estero, nadie sabía nada al respecto. Varios sacerdotes consultados no lo conocían, no sabían de quién se trataba. En el listado completo de sacerdotes locales el nombre de Dorado no aparecía por ningún lado. Algunos hasta dudaron de su existencia. Sin embargo, a poco de trasladar el foco de atención hacia la otra diócesis existente en la provincia, su nombre saltó de inmediato.

Carlos Alberto Dorado es un añatuyense, ordenado sacerdotalmente el jueves 12 de marzo de 2009, en la Iglesia Catedral “Nuestra Señora del Valle”, epicentro de la Diócesis de Añatuya. La ordenación estuvo a cargo del obispo Uriona.

Pero, qué hizo para que su nombre estuviera en la lista de curas abusadores. Averiguar ese dato no fue fácil. Todos decían desconocer el tema. Sin embargo, la revista decidió ir más a fondo y no paró hasta conocer todos los pormenores de un hecho que fue silenciado por la curia y ocultado, en detrimento de las víctimas que se atrevieron a contar el calvario que padecieron.

Hoy, ese silencio cómplice fue confirmado con pruebas contundentes, que afirman que el obispo Uriona no sólo conocía del caso de Dorado sino que él mismo lo había encontrado “culpable” de los abusos por los que fue acusado. No sólo eso, sino el testimonio de las víctimas y la imputación judicial por “abuso sexual agravado” vienen a confirmar que la Iglesia nunca denunció los abusos sexuales contra menores que habrían cometidos sus representantes, sino que prefirió esconder todo bajo siete llaves.

ABUSOS Y SILENCIO
Carlos Dorado había forjado su vocación sacerdotal en la capilla Nuestro Señor de Mailín, su ciudad natal. Realizó sus estudios durante 8 años en el Seminario de San Rafael. Desde que fuera ordenado diácono, desarrolló su labor pastoral en la parroquia San Francisco Solano, de la localidad de Bandera.

Ya ordenado como sacerdote, Dorado habría comenzado a entablar relación de amistad con una adolescente, menor de edad, quien realizaba un arduo trabajo parroquial, que incluía distintas tareas pastorales, de catequesis y colaboración en distintos ámbitos. Al poco tiempo, habría intentado estrechar relaciones con ella, abusando de su poder, sobrepasando todos los límites del respeto. Ese abuso habría incluido tocamientos indecorosos, acercamientos inapropiados, y una constante violencia psicológica y verbal, pues la muchacha se habría negado a aceptar cualquier tipo de contacto con Dorado.

Tiempo después, sucedió exactamente lo mismo con otra jovencita, pero esta vez, los abusos habrían ido más allá. Fueron dos hechos similares, en distintos períodos de tiempo.

Ambas jovencitas denunciaron las situaciones vividas ante el obispo Adolfo Uriona -el mismo que había ordenado a Dorado en el sacramento sacerdotal-, buscando respuestas para los abusos sufridos. Esperaban que el máximo representante de la Iglesia en Añatuya hiciera algo e incluso que las acompañara a realizar otro tipo de denuncias en el ámbito judicial. Pero ninguna de las dos recibió la contención y apoyo que precisaban. Quedaron solas, a la deriva. Como si nada de lo que hubiesen sufrido merecía el menor interés de nadie, menos de la Iglesia, como entidad madre en la que creían y respetaban.
La única respuesta fue un traslado del sacerdote hacia otra comunidad.

OCULTAMIENTO Y ENCUBRIMIENTO
Sin embargo, las jovencitas -cada una por su lado- tomaron conocimiento de la existencia de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina y se comunicaron con la entidad. La encargada de recepcionar sus denuncias fue una de las referentes de la entidad, también víctima de abuso sexual, quien vive en la ciudad de La Plata. Ella se encargó de guiarlas, de brindarles el acompañamiento que precisaban. Los profesionales de la red las asesoraron desde el punto de vista legal. Ya no se estaban solas.

No obstante, en aquel momento, ninguna quiso hacer la correspondiente denuncia penal.“Las víctimas de abuso sexual tienen obstáculos que sortear, dado el trauma que han sufrido. Por lo tanto, es difícil que de inmediato recurran a los Tribunales”, explicó el Dr. Carlos Lombardi, entonces representante legal de la Red. “Por lo general, nos encontramos con la noticia que determinadas personas en su adultez o siendo mayores, denuncian hechos que han padecido en su niñez y adolescencia. Esto, precisamente, por estos obstáculos que tienen a nivel personal para enfrentar el problema”, añadió.

Es cierto, por aquellos días, ninguna de las jóvenes, hoy mayores de edad, realizó la denuncia penal, por lo que la justicia no tenía modo de enterarse de los hechos. Sin embargo, el obispo Uriona sabía de su existencia. El obispo Uriona sólo protegió a su sacerdote.

En ese sentido, el Dr. Lombardi explicó que “la Iglesia Católica, en cualquier país del mundo, aplica sus propios procedimientos y esa es una de las causas por las cuales se mantiene el silencio, no trasciende públicamente ni llega a los medios de comunicación. En esta línea de pensamiento, la Iglesia Católica continúa con su sistema de encubrimiento y ocultamiento de pederastas, sin perjuicio de que la propaganda que instala en los medios de comunicación es de tolerancia cero, de transparencia en los procedimientos de la investigación. Más allá de la propaganda, tendiente a lavar su cara, su imagen, los procedimientos internos que se aplican están regidos por el secreto pontificio. Es decir que todos los intervinientes en la causa, una vez que llega la denuncia a las autoridades eclesiásticas, están bajo el juramento del silencio”.

EN LA PASTORAL JUVENIL
En octubre de 2012, Monseñor Adolfo Uriona nombró al padre Carlos Dorado como asesor de la “Pastoral Juvenil”. Como tal, participó de la Asamblea Regional de la Pastoral Juvenil del Noroeste Argentino, junto a delegados de toda la zona.
También participó de la Jornada Mundial de la Juventud, en julio de 2013, realizada en Río de Janeiro, con la presencia del Papa Francisco, a la que viajó acompañando a más de un centenar de jóvenes añatuyense.

En la actualidad, Dorado se encuentra trabajando en la “Parroquia del Santo Cristo”, en la localidad de Santos Lugares, una pequeña localidad del departamento Alberdi en el cruce de las rutas provinciales 2 y 17, al este del río Salado.
El área de influencia de esta parroquia recae directamente sobre el Santuario de la Virgen de Huachana, y las pequeñas capillas de distintas localidades menores y parajes como: La Manga, Pozo Limpio, Tacañitas, Taco Pozo, Santa Cruz, Nueva Esperanza, Villa El Palmar, El Porvenir, Las Parvas, El Cadillal, Milagros, Toro Pozo, Chañarcito, Chañar Pozo, Jumial Grande, Manisnioj, Anco Overo y Maravillas. Precisamente, en todos estos lugares, el padre Dorado realiza, actualmente, sus tareas religiosas y de evangelización.

El 21 y 22 de septiembre del año pasado, participó del XVI Encuentro Eucarístico de Adoradores Misioneros, desarrollado en las instalaciones de la parroquia Santiago Apóstol, en La Banda. En esa oportunidad, Dorado, junto al actual obispo de la Diócesis Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic y los sacerdotes José Guadalupe Prado Guevara y Horacio Martínez Franco (ambos párrocos de la Diócesis de San Juan de Los Lagos, México), impartieron sus enseñanzas a los jóvenes misioneros, según la información brindada por La Banda Diario, medio que la recepcionó a través de miembros de la parroquia.

Carlos Dorado continúa trabajando en la parroquia Santo Cristo. La pandemia y el aislamiento lo llevaron a compartir sus misas de modo virtual. Pero eso no es todo, continúa evangelizando y compartiendo sus días con niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad, quienes seguramente ignoran las acusaciones que pesan en su contra.

CULPABLE
Las dos jóvenes, hoy de 27 años, denunciaron penalmente a Carlos Dorado, el cura que las abusó en reiteradas oportunidades cuando tenían 15 y 16 años, en Bandera, departamento Belgrano, al sur de la provincia. Las mujeres, quienes actualmente trabajan y estudian, cargaron con el dolor y los martirios por más de diez años, antes de acudir a la fiscal Andrea Darwich. La primera de ellas lo hizo en agosto de 2019. La otra hizo lo propio en enero de 2020. (Ver entrevista más abajo). Antes, habían realizado la denuncia canónica.

Con apenas 20 años, en 2013, se acercaron hasta el Obispado de Añatuya, la institución en la que depositaban su fe, y relataron los abusos y martirios que había sufrido por parte del cura Carlos Dorado a Monseñor Adolfo Uriona, entonces obispo de esa curia, quien las trató de “enfermas”, según ellas relataron a la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos de la Argentina.

Recién en 2017 el Obispado de Añatuya les comunicó por escrito que habían encontrado al sacerdote “culpable”. Sin recurrir a la justicia, siendo de esta forma cómplices, les detallaron por escrito que Carlos Dorado “había reconocido los abusos” y que era “culpable”, ya que había cometido el delito del sexto mandamiento del decálogo de un clérigo, que tipifica el abuso sexual hacia un menor de edad, en este caso, dos menores de edad.

Por tal motivo, le impusieron una “pena expiatoria”, que incluía:

• “Prohibición pública de todo ejercicio del ministerio sacerdotal”, pero “viviendo ese tiempo en oración y penitencia”.
• “Prohibición del oficio de párroco por el término de 10 años”.
• Recomendación de “una adecuada terapia psicológica”.
• “Prohibición de confesar menores de edad y dirigirlos espiritualmente por el término de un año”. Transcurrido ese plazo, debía hacerlo “en el confesionario, la iglesia, ante la presencia de otras personas”.
• Prohibición de “acercarse de acercarse a la ciudad de Bandera de manera perpetua”.
  Este documento está fechado el 31 de mayo de 2014, y fue firmado por el entonces obispo de la Diócesis de Añatuya, Adolfo Uriona, y la vicecanciller Inmaculada Llorens Moles.
  En diciembre de ese mismo año, Adolfo Uriona fue trasladado al Obispado de Río Cuarto, en Córdoba.

EN PRIMERA PERSONA
Las dos jóvenes, quienes son amigas, realizaron la denuncia ante la fiscal Andrea Darwich y, por el momento, optaron por no dar a conocer su identidad. Ambas forman parte de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, un espacio que contiene a jóvenes de todo el país que sufrieron hechos iguales o similares.

La primera de ellas contó que conoció a Carlos Dorado, que tenía 28 años, en el colegio: “Era nuestro profesor. Yo tenía 16 años”. Además recordó que “con el tiempo me invitó a formar parte del grupo misionero Santa Teresita del Niño Jesús, del cual participé porque pensé que era sano y aprendería a relacionarme un poco más con las personas, ya que era súper tímida y muy apegada a mis papás. De apoco Dorado se fue ganando mi confianza y la de mi familia. En unas vacaciones de verano organizamos un viaje a Cerro Colorado, Córdoba, en el cual me pasaron cosas raras, como cuando me tomó de la mano mientras me decía que yo era su mejor amiga. También recuerdo que, estando en un arroyo, tenía un short verde y se acercó y empezó a tocarme las piernas”. En el mismo viaje, Carlos Dorado “estaba sentado en un sillón, me agarró de la mano y violentamente me tiró encima suyo. Fue todo muy raro y en ese momento pensé que era una cosa mía y le resté importancia”.

De vuelta en la ciudad de Bandera, ciudad donde era oriunda la adolescente, el sacerdote “nos propuso hacer dirección espiritual. Un día me llamó y me dijo que estaban los demás chicos en la casa parroquial así que fui. Pero cuando llegué éramos él y yo. En ese momento se acercó y se puso muy cerca de mi cara y me abrazó. Me decía que era su amiga y que jamás lo deje porque se iba a matar. De repente me pidió que lo acompañe a su habitación porque tenía cólicos. Fuimos, se acostó y me pidió que me acostara con él. Me decía ‘vení quedate al lado mío que tengo miedo’. Me senté en la cama, y él me tiró a su lado y empezó a besarme en la boca. Rápidamente me levanté y le dije que ‘era mi profesor y que estaba mal’, a lo que él me pidió perdón. Pero eso me lo hizo varias veces y cada vez peor. La última vez quiso sacarme el pantalón y yo comencé a llorar y él me decía que quería ser el primer hombre en mi vida. Luché con todas mis fuerzas y pude escapar”.

La joven agregó que, al querer alejarse, Dorado “se enojó mucho conmigo y empezó a hablar mal de mí en frente de los chicos del grupo misionero, diciéndoles que cualquier cosa que yo dijera sería mentira porque era una puta. Pasó el tiempo y dejé el grupo misionero. Sentía vergüenza y me sentía la peor persona del mundo por haberle fallado a Dios”.

Entre las secuelas y dolores que vivió en la última década, detalló que “me costó mucho tener algún tipo de acercamiento con los hombres, me producían asco; lo veía a él en ellos. Los olores, las canciones que ponía mientras me tocaba hoy me producen náuseas. Varias veces tuve ganas de morirme. Llegué a enfermarme y estar un mes en cama sin querer comer, con alergia y una gastritis producida por guardar ese secreto tanto tiempo”.

“CREÍA QUE ERA MI CULPA”
La segunda joven relató hechos, en lo que el accionar de Dorado habría sido idéntico. En el año 2008 y con 15 años, la joven, también oriunda de Bandea, se encontró con Dorado,quien por entonces era aún seminarista y se había mudado a la ciudad de Bandera.

Dorado “era nuestro profesor de Antropología en el colegio y ese año fundó el grupo juvenil Santa Teresita del niño Jesús del cual formé parte desde el inicio. Yo era muy introvertida y tímida, casi que no tenía amigos y me costaba mucho relacionarme con mis pares. Dorado me decía que tenía cualidades de una religiosa, y que los ojos de los sacerdotes eran como los ojos de Jesús, nunca se equivocaban”.

Por tal motivo, “me invitó a hacer dirección espiritual con él, ya que me orientaría en mi ‘futura vocación religiosa’”. Sin embargo, en cada una de las reuniones que tenía “Dorado me hablaba de sus propios problemas personales y familiares, me decía que era la única persona en quien confiaba, se ponía a llorar y luego me pedía que lo abrace. En una ocasión me pidió que ayude con algunas tareas de limpieza de la parroquia. Yo no sabía que la tarea era ordenar la biblioteca de su habitación, yo tenía 16 años. Ese día él se me abalanzó y comenzó manosearme y besarme. Cuando me puse a llorar me empezó a decir que a los sacerdotes ‘les permitían estar con personas de confianza’, y luego me pidió perdón”.

Dorado habría manipulado a la joven, ya que le decía que “era pecado no perdonar”, y la mandaba a “confesarse”.
“Por mucho tiempo creí y estuve convencida de que era mi culpa. Él mismo se encargaba de ir a mi casa y pedirle permiso a mi mamá para viajar a un ‘supuesto encuentro de coordinadores de grupos juveniles’, el cual era una mentira y el único fin era que me confiese en Añatuya, ciudad en la que ningún sacerdote me conocía. En eso momento mi culpa y profunda fe religiosa hacían borrón y cuenta nueva”.

“Los abusos fueron sistemáticos. Un día decidí no ir más a los grupos, porque la angustia era muy grande. Pero él, una vez más, se encargó de ir a mi casa hablar con mi familia para convencerme de que no debía abandonar porque los chicos me necesitaban. La manipulación fue tan grande que en ese entonces yo estaba en conflicto con mi familia porque se había encargado de separarme de ella, diciéndome que la obra de Dios era más grande que obedecer a la propia familia”.

“Durante muchos años guardé el secreto, hasta que me enteré que a otras chicas les había pasado lo mismo. A más de diez años de todo eso, he tenido dificultades para relacionarme con otros hombres, sentía asco y desconfianza. Por muchos tiempo tuve deseos de no existir más, pero gracias al apoyo de mi familia pude seguir adelante”, finalizó.

RED DE SOBREVIVIENTES DE ABUSO ECLESIÁSTICO
Liliana Rodríguez, psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina – que posee una página de Facebook para contactarse en cualquier momento-, afirmó que “los relatos dan cuenta que todas las situaciones vividas por las chicas, que han dejados lógicamente sus secuelas, tienen que ver con el ejercicio absoluto del poder de un sacerdote sobre el cuerpo y la subjetividad de adolescentes. Además traicionó la confianza no solo de ellas, sino también de sus familias”.

Rodríguez resaltó “la valentía de estas jóvenes de poder compartir, a través de la voz de la Red, estas situaciones tan dolorosas y tremendas que vivieron”. En ese sentido agregó que “el único objetivo es la búsqueda de justicia para que no le vuelva a pasar a ningún niño ni niña más”. Además explicó que “estos relatos también sirven para convocar a que otras personas que hayan atravesado estas situaciones rompan el silencio y se acercan a la Red; los y las estamos esperando, sabemos que han atravesado lo mismo con este sacerdote aunque todavía no puedan ponerlo en palabras y sientan mucho temor y culpa”.

Respecto de los documentos firmados por los obispos y difundidos en esta noticia, la psicóloga fue tajante: “La Iglesia no castiga, sino que encubre y/o traslada para lograr la impunidad. Por eso es tan importante la voz de las y los sobrevinientes y la denuncia penal que realizan para lograr justicia”.

Para formar parte de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina no hace falta haber radicado la denuncia formal en la justicia, ya que el objetivo es visibilizar los hechos, acompañar emocionalmente a las víctimas a través de sus pares, y asesorar legalmente cuando así los dispongan. Al día de hoy, más de 150 personas sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico en el país participan y forman parte de la Red.

UNO Y OTRO
En 2014, la Red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico, solicitó al obispo Uriona que les facilite un informe por escrito de la denuncia presentada por las jóvenes. Recién en 2017, y con el apoyo de la red, solicitaron nuevamente la información al reemplazante de Uriona,el obispo José Melitón Chávez, quien, a diferencia de su par, accedió a facilitar lo pedido.

Así, el 17 de febrero de 2017 entregó a las víctimas el decreto firmado por Uriona(Ver documento adjunto), “luego de hacer las consultas pertinentes al Tribunal Eclesiástico Nacional”.
En cuanto al cumplimiento de las penas, el obispo Chávez dijo: “Doy fe que se está aplicando de acuerdo a lo decretado” por Uriona.

Este documento fue actualizado por Chávez, un año después, el 3 de febrero de 2018.
De esta forma queda más que claro que la Diócesis de Añatuya tenía conocimiento pleno de la denuncia formulada por las jóvenes en contra de Carlos Dorado. Aunque el obispo Chávez entregó los documentos que lo confirman, no acudió a la justicia para pedir investigación alguna, ni tampoco alentó a las víctimas a que lo hicieron.

Sin embargo, la fiscal Andrea Darwich confirmó que desde el Obispado de Añatuya, le facilitaron toda la documentación que obraba en la curia en contra de Dorado.

RECEPCIÓN DE INFORMES
Llamativamente, quizá en consonancia con las investigaciones realizadas por La Columna, volcadas en este informe, el Obispado de Añatuya, publicó el martes 21 de julio un documento sobre el “Sistema de recepción de informes sobre abusos sexuales cometidos por clérigos consagrados contra personas menores de edad o vulnerables”.
Junto al informe se aclara que “en nuestra Diócesis de Añatuya, como en todas las Diócesis de Argentina, se ha puesto en funcionamiento de un sistema de recepción de informes sobre eventuales abusos cometidos por clérigos o religiosos”.

“Su implementación responde a lo dispuesto por el papa Francisco de establecer un sistema estable y de fácil acceso al público para proveer de un lugar de encuentro y escucha, y elaborar un informe a fin de remitirlo a la autoridad competente”, continúan.

A la vez, destaca que “de ningún modo sustituye al ámbito de competencia de la autoridad estatal, sino que tiene como finalidad adoptar las medidas administrativas y disciplinares dentro de la estructura eclesial.La Iglesia actúa dentro de su jurisdicción, en el marco que le reconoce la Constitución Nacional y provincial, el Acuerdo que rige entre la Santa Sede y el Estado argentino, y las demás leyes”.

Por lo demás, y como lo indican las disposiciones de la Santa Sede, la Iglesia, en cuanto a las posibles consecuencias jurídicas, se atiene y asume lo que decida la justicia de nuestro país, que es la única competente para ese fin y a la que se debe acudir”.

Por último, afirman que “la Iglesia confirma su compromiso de velar para que en su seno se respire un clima de acogida, respeto y cuidado de las personas, con especial atención a los niños y vulnerables; poder cultivar una cultura del cuidado y brindar espacios sanos y seguros. También ratifica su compromiso de cooperar con la justicia en lo que esté a su alcance, que sean respetados los derechos de todos y promover toda forma de prevención”.

Los escándalos de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica no son nuevos. Sin embargo, la mayoría de ellos fueron escondidos bajo siete llaves. La mayoría prefiere el silencio, el ocultamiento, antes que las denuncias judiciales. El caso del sacerdote Carlos Alberto Dorado está en plena etapa de investigación. Por lo pronto, ya se encuentra imputado por “abuso sexual agravado”, en perjuicio de una de las denunciantes. En el siguiente caso, faltan informes y pruebas, pero avanza en el mismo sentido, de acuerdo a lo expresado desde el Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Añatuya.

El obispo Adolfo Uriona, según sus propio decreto no sólo tenía conocimiento de los hechos denunciados, sino que encontró culpable a Dorado. Además, éste habría reconocido su culpabilidad ante el entonces obispo de Añatuya.
Una vez más, el encubrimiento salpica a la Iglesia.-

HIPOCRESÍA CLERICAL
Luego del escándalo suscitado por el juicio de abusos perpetrados por miembros del Instituto Próvolo en Mendoza, que se suman a muchas denuncias previas; desde la institución eclesiástica tratan de mostrar “estar preocupados” por la situación y anunciaron la intención de reformular las “líneas-guía de actuación en el caso de denuncias de los abusos sexuales en los que los acusados sean clérigos y las presuntas víctimas sean menores de edad (o personas equiparadas a ellos)”; que según afirman están vigentes desde 2015.
Desde el mismísimo Vaticano se intenta mostrar que hay un “cambio” en la política de la cúpula eclesiástica con respecto a los curas abusadores de menores o a miembros de la institución que hayan realizado estas terribles prácticas.

Sin embargo, esto queda en puro discurso cuando se saben en profundidad las medidas que el mismo Bergoglio tomó para proteger a curas abusadores en distintas instancias. Ya sea desestimando denuncias o a los denunciantes, protegiendo a obispos o superiores que tienen a cargo -y encubren- a curas abusadores o manteniendo el secreto pontificio (que obliga a todos los participantes de un procedimiento canónico a guardar secreto bajo juramento de silencio), la realidad muestra que no se pretende cambiar un ápice esta institución y los mecanismos que mantienen a las curas abusadores impunes.

Luego de que el escándalo del instituto Próvolo les estallara en las manos, desde la Conferencia Episcopal intentan demostrar que pretenden hacer algo para “prevenir” abusos. Por ejemplo, la iniciativa presentada por el monseñor Sergio Buenanueva, presidente de la Comisión Episcopal de Ministerios, la médica y psicóloga Alicia Zanutti de Savanti y el sacerdote Juan Pablo Dreidemie; establece exigirle a religiosos y sacerdotes que sean trasladados a diócesis argentinas “una declaración jurada otorgada por el superior que acredite su aptitud y ausencia de antecedentes”.

Esto parece una broma cuando se ve que la mayoría de los curas abusadores que aún siguen en ejercicio son protegidos y encubiertos por obispos y/o sus superiores.
(Texto realizado por Carolina Ararat, publicado en La Izquierda diario)

NIVELES DE RESPONSABIDAD
En la investigación hecha por la agencia Télam se reconstruyó lo que ocurrió luego de que se conocieran las denuncias contra Grassi. Los datos no sólo dan una idea de la magnitud del problema, sino que muestran cómo un complejo sistema de responsabilidades dentro de la Iglesia permite que rara vez haya una condena.
“La mayoría de los casos no son denunciados. La Iglesia no los denuncia, son las víctimas las que se animan a contar lo que les pasó y para ellas es un proceso muy doloroso. Estos números muestran la arbitrariedad del juicio canónico, porque salvo en casos que son indefendibles o han tenido mucha trascendencia pública, la expulsión no se concreta”, explicó Carlos Lombardi, uno de los pocos especialistas en Derecho Canónico del país que no pertenece a la Iglesia.

En la Argentina no hay registros oficiales sobre la cantidad de sacerdotes o monjas denunciados y mucho menos sobre cuántas son sus víctimas. En base a las noticias publicadas en los medios nacionales y regionales, los informes de distintos corresponsales de la agencia y la información que aportaron fuentes propias, Télam reconstruyó un mapa de la pedofilia dentro de la Iglesia.
Este mapa muestra que en la mayor parte de los casos la Iglesia no acompañó a las víctimas, que los abusadores ya tenían antecedentes y que los traslados son la respuesta más frecuente ante una denuncia.
“Hay distintos niveles de responsabilidad en los traslados. Esos distintos niveles y esa fragmentación y discrecionalidad conspiran contra la tolerancia cero y otras premisas del Papa sobre los abusos”, reconoció el obispo Sergio Buenanueva, presidente de la comisión de Ministerios del Episcopado.
“Hay sanciones para los obispos cuando no investigamos los casos o hacemos acciones de encubrimiento, pero no hay castigo específico para quien no colabore o dé la información debida a la justicia secular. Y no hay tampoco un protocolo de acción. Es discrecional. La Iglesia viene revisando sus procedimientos, pero a veces tenemos un lenguaje muy eclesiástico”, sostuvo Buenanueva.

En estos quince años, sólo tres curas fueron sancionados con la expulsión del estado clerical que implica que ya no pueden ejercer más el sacerdocio. El primer caso conocido fue el de Miguel Ángel Santurio, expulsado en 2013. El papa Francisco fue quien ordenó la sanción contra José Mercau y Cristian Gramlich, ambos sacerdotes de San Isidro. Y aunque el primero terminó con una condena a 14 años por abuso sexual agravado contra cinco chicos de entre 11 y 15 años, las denuncias contra Santurio y Gramlich -cura en el colegio Marín de San Isidro- nunca fueron llevadas a la justicia.
La misma suerte que los abusadores corrió el sacerdote cordobés Nicolás Alessio, castigado también con la expulsión del sacerdocio pero por haber apoyado la ley de matrimonio igualitario. A diferencia de los otros, su castigo se resolvió en un trámite exprés.

• Periodista de revista La Columna. Artículo premiado por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) en la categoría “Notas de Investigación” publicada en redacciones pequeñas de hasta 30 periodistas por los trabajos publicados en revista La Columna.