Tras la renuncia de toda la cúpula del Consejo General de Educación, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó este martes la intervención del organismo por el transcurso de un año, aunque dejó en manos del Poder Ejecutivo la decisión de extender la medida en caso de considerarlo necesario.

En las próximas horas se dará a conocer el nombre de la persona que asumirá como interventor y que tendrá todo el manejo del sistema educativo en cuanto al proceso de de cobertura de cargo y designaciones. La intervención alcanza a los vocales, miembros de las juntas, direcciones de niveles y Tribunal de Disciplina.

Además de la repentina acefalía, los legisladores del Frente Cívico expusieron como argumento para respaldar el proyecto presentado por el Ejecutivo la existencia de “muchas irregularidades” y remarcaron que esto “va más allá de la suspensión de la elección de autoridades” del cuerpo colegiado, acto democrático que había sido frenado por segunda vez mediante una acción judicial.

Precisamente, la suspensión de las elecciones producto de un amparo judicial derivó en la renuncia de la presidente del Consejo de Educación, Marcela Menini de Barchini, junto con tres vocales.

La acción judicial fue promovida por la agrupación Docentes Santiagueños, que objetaba la convocatoria a elecciones docentes.

En los fundamentos de la ley se hace hincapié en esta situación como causal de la intervención, pero advierte además de “gravísimas situaciones en el órgano administrativo del CGE que impiden el normal desenvolvimiento del servicio educativo tendiente a garantizar los derechos fundamentales de enseñar y aprender”.

El proyecto también dice que se “deberá garantizar el acceso de los cargos del sistema educativo en estricto cumplimiento del listado de orden de mérito elaborado en cumplimiento de la normativa vigente”.

 

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